Por: Javier Mojica, Comunicador Social y Periodistas
Como ya es sabido, el pasado miércoles 6 de junio la Corte Constitucional de Colombia profirió una sentencia en la cual permite a los colombianos consumir alcohol y sustancias psicoactivas en espacio público. Esto, después de haber analizado los dos artículos del código de policía en los cuales se penalizan conductas como portar la dosis mínima o tomar bebidas embriagantes en espacios públicos.
Como era de esperarse por la efervescencia del país, alimentada por la polarización, hubo avalancha de opiniones, la mayoría en contra del fallo o del comunicado, porque el texto completo de la sentencia no ha sido publicado oficialmente.
Los alcaldes de las principales ciudades como Federico Gutiérrez, Enrique Peñaloza y Alejandro Char rechazaron el fallo, pero no dieron alternativas. La exsenadora y candidata a la alcaldía de Bogotá Claudia López sugirió un pico y placa en los parques, cosa que no ha caído bien en los otros candidatos como Miguel Uribe el cual rechazó la propuesta tajantemente.
Aunque este tema no es nuevo, ya que en el año 1994 la Corte Constitucional por primera vez habló de la despenalización, el pueblo colombiano se escandalizó y el presidente de turno amenazó con hacer un referendo para que la norma no fuera legal, esto debido a que desde los años 80´s Colombia abrazó la política de lucha contra las drogas que Estados Unidos también comenzó en aquel entonces. La sociedad colombiana ha tenido que mantener esta estrategia con consecuencias desastrosas para el país. Sin embargo, la cultura y la idiosincrasia siguen con una fuerte resistencia hacia el consumo de determinado tipo de sustancias, especialmente las psicoactivas, pero no el alcohol, pues hace parte de nuestra, idiosincrasia, nos han educado para aceptarlo y con éste el problema parece no ser mayor.
Es evidente que muchas personas están en desacuerdo con que haya más libertades. Y es entendible, hay países en los cuales la educación no es suficiente para que las personas puedan convivir, ya que la intolerancia y los prejuicios están a la orden del día. Por eso, una de las herramientas más usadas por los gobiernos es la prohibición, negarles a las personas el derecho de hacer algo, de desarrollar actividades individuales para que no afecten a otros individuos, pero esto no es más que huirle al problema y no dar un debate de altura como debería ser en una sociedad desarrollada.
Tenemos que luchar contra la ignorancia, la educación en los hogares y las instituciones, es el arma más importante para los que estamos preocupados por los niños, tenemos que darles herramientas correspondientes y crear personas con criterio al tomar decisiones, no instrumentalizarlos, como dice Néstor Osuna abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, doctor en derecho por la Universidad de Salamanca, catedrático de derecho constitucional en la Universidad Externado de Colombia:
“La utilización instrumental de los niños está al orden del día. Las estridencias que se han escuchado en estos días sobre la supuesta afrenta que significa para los niños ver en una calle o un parque a un adulto con una cerveza o un porro tienen ribetes risibles, pero permiten apreciar que no existe ningún pudor por parte de los amos de la doble moral, en preferir la manipulación y el chantaje emocional para huir del debate racional con el grito hipócrita de un supuesto desconocimiento del interés superior del menor, con el cual, en verdad, apenas están muy parcialmente comprometidos”.
Entiendo que no estemos preparados para estos debates, las consecuencias de las decisiones que se toman en este país son incalculables, cualquier problema por pequeño que sea puede llevarnos a situaciones aún más complicadas. Estamos en un momento complejo en que las cortes están en choque con el gobierno y la mezquindad, para utilizar cualquier tema como bandera política está a la orden del día.
Creo en una Colombia más incluyente, respetuosa de las libertades, diversa y en que podamos debatir los conflictos de pensamiento que tenemos sin criminalizar, ni señalar al otro por el derecho a ejercer su libertad que de paso está consagrado en la constitución de colombiana.
